El conflicto universitario que comenzó en 2024 atraviesa una nueva etapa, pero todavía está lejos de encontrar una salida. El viernes 2 de octubre se cumplió un año desde que el Congreso ratificó la Ley de Financiamiento Universitario, después de que el presidente Javier Milei la vetara. Doce meses después, la norma continúa sin ser aplicada de manera integral y la disputa ya se trasladó con fuerza al terreno judicial: la Justicia volvió a intimar al Gobierno para que cumpla con la cautelar que ordena actualizar salarios y becas, mientras el Ejecutivo sostiene que ya cumplió y apela las decisiones.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick le otorgó cinco días al Estado para cumplir con la medida cautelar y advirtió que, de persistir el incumplimiento, podrá aplicar multas. La resolución recordó que la cautelar se encuentra firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario del Gobierno. El magistrado señaló, además, que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 fue del 312,19% y consideró que el Ejecutivo no acreditó una recomposición salarial acorde con lo establecido.

Una ley sin cumplir

El desgaste se refleja también en las aulas. Durante 2026 se acumularon alrededor de 45 jornadas de paro en la Universidad Nacional de Tucumán, entre semanas completas de huelga, paros de 48 y 72 horas y otras medidas de fuerza. El calendario académico quedó atravesado por protestas desde febrero y el conflicto se profundizó durante distintos momentos del año, hasta llegar al paro de 72 horas que terminó el viernes.

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Para el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Mohamed, el reclamo excede una discusión estrictamente presupuestaria. En declaraciones a LA GACETA, sostuvo que “no es una mera cuestión contable”, porque lo que está en discusión es “qué lugar ocupa el conocimiento en la Argentina y qué tipo de sociedad queremos construir”. También advirtió sobre “el riesgo de perder el talento científico y tecnológico que nos costó años construir”.

En otra entrevista con este diario, Mohamed anticipó cuál será la postura de la nueva conducción de la UNT frente al conflicto nacional. “Creemos que nos vamos a sumar a todas las protestas y a todas las acciones que haga el CIN”, afirmó. Y agregó que la Universidad tiene “la obligación de trabajar con los diputados nacionales y los senadores nacionales de Tucumán para consensuar y mostrarles nuestra realidad”.

La mirada de Piera Fernández de Piccoli, ex presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y una de las principales referentes estudiantiles durante el inicio del conflicto en 2024, pone el foco en la extensión de una crisis que originalmente parecía circunstancial.

“Cuando el conflicto comenzó en 2024, jamás imaginamos que iba a sostenerse durante tanto tiempo la agonía de la situación”, señaló en diálogo con LA GACETA. Recordó que entonces el país no tenía un Presupuesto aprobado y que las universidades habían quedado con partidas reconducidas en un contexto de inflación muy elevada.

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Para Fernández de Piccoli, algunos de los avances obtenidos durante estos dos años fueron consecuencia directa de la movilización. “Esos pequeños aumentos que se fueron logrando durante el proceso han sido gracias a las movilizaciones y a una universidad en pie de lucha”, sostuvo.

Sin embargo, cuestionó que el Gobierno mantenga su negativa a aplicar una ley aprobada y ratificada por el Congreso. “Lo que me parece más grave que deja sentado este gobierno es su negativa a cumplir una ley que no fue aprobada una, sino cuatro veces por el Congreso de la Nación”, afirmó.

La ex titular de la FUA también advirtió sobre las consecuencias que, según describió, ya se observan dentro del sistema. “Mientras tanto, lo que sí está pasando es que muchos chicos tienen que abandonar la carrera porque, por ejemplo, el programa de becas Progresar está congelado desde que Milei asumió”, afirmó. Y añadió que existe “una fuga permanente de docentes y de investigadores” y un deterioro del sistema científico y tecnológico nacional.

El conflicto vuelve a las calles

En Tucumán, mientras tanto, el conflicto vuelve a mirar hacia las calles. La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, confirmó que la comunidad universitaria ya comenzó a organizarse para la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre. La concentración será frente al Rectorado de la UNT y la movilización llegará hasta plaza Independencia.

Rodríguez sostuvo que el malestar docente creció después de que los trabajadores comprobaran que el último cobro de haberes no reflejaba la recomposición esperada. “Al ver dentro del recibo de sueldo realmente que el salario no despega y que hemos perdido una parte muy importante, incluso estamos por debajo proporcionalmente de lo que cobrábamos en 2015”, afirmó. De cara a octubre, además, planteó que las próximas semanas serán decisivas.

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Así, a más de dos años del inicio del conflicto, el escenario combina una ley vigente pero incumplida, una disputa judicial todavía abierta, salarios que los gremios consideran deteriorados y un nuevo paro que acaba de finalizar.